por Gabriel Marinelli
Miembro de la Comisión Directiva de ADRHA
Existe una infinidad de debates acerca de los efectos de la globalización en el bienestar y el progreso social. Este proceso, cuyo origen puede situarse históricamente a partir de la segunda revolución industrial y que estuvo vinculado en primera instancia a dimensiones puramente económicas y tecnológicas, ha transcurrido en distintas etapas hasta la actualidad, para convertirse en un fenómeno de alcance social con implicancias sobre la vida política, cultural y religiosa de las naciones.
La última de estas etapas, también llamada segunda globalización o globalización financiera, que comprende el período desde 1976 a la actualidad, se ha caracterizado, entre otras cosas, por la liberalización de los mercados, el crecimiento inflacionario y el endeudamiento externo de países en desarrollo, especialmente latinoamericanos[1], en donde predomina una visible disociación entre las políticas comerciales, económicas y financieras, y las laborales y sociales, acrecentando así las asimetrías con los países desarrollados.
En los últimos años los debates se han profundizado aún más entre los actores sociales, predominando una polarización de enfoques y opiniones. Por un lado, están quienes plantean el proceso global como catalizador de mayores oportunidades de empleo para la población y por ende para sus ingresos, a partir de la apertura de las economías nacionales y regionales y el flujo de capital hacia los países en desarrollo permitiendo el auge de nuevas actividades productivas y una ilusión de prosperidad sin precedentes. Por el otro, se lo asocia más un modelo caracterizado por las desigualdades sociales, con reglas de juego que benefician exclusivamente a los países desarrollados, vulnerando las economías de los países en desarrollo, provocando un estado ausente de las cuestiones sociales básicas, en línea con el deterioro y pérdida de las fuentes de trabajo y, por ende, el aumento de los índices de pobreza.
La última de las etapas de este proceso ha mostrado distintos matices y realidades, sobre todo en lo que respecta a América Latina. Durante los ’90 se multiplicaron las crisis financieras y bancarias en comparación con los últimos años de los ’70. Tales han sido los casos del Tequila en México (1994), del Real en Brasil (1999), y el fin de la Convertibilidad en Argentina (2001), con severos impactos en la economía real, en el mercado de trabajo y en las condiciones de vida de la población. Por ese entonces, ya se hablaba de la necesidad de diseñar una nueva arquitectura financiera internacional que pudiera prevenir y manejar mejor las crisis de las economías emergentes.
A partir de la última década, la tendencia ha parecido revertirse en la región, donde la mayoría de los países mostraron aumento del Producto Interno Bruto (PIB), en línea con la disminución en la desigualdad social, el mejoramiento de los índices de empleo y la recuperación de los niveles de pobreza.
Este período de “bonanza económica”, como señala Ocampo[2], en la región de América Latina y el Caribe especialmente a partir de 2003, significa el más rápido crecimiento desde la década de los setenta, expandiéndose a un ritmo superior al de la media mundial y de los países desarrollados, con una inédita acumulación de reservas internacionales por parte de la mayoría de los países de la región y en el afianzamiento de las finanzas públicas, en particular a partir de la fuerte reducción de los altos niveles de endeudamiento externo preexistentes.
Incluso las actuales crisis financiera y económica que hicieron que la producción mundial se contrajera un 2,2 por ciento en 2009, por primera vez desde la Primera Guerra Mundial, han tenido repercusiones desiguales alrededor del planeta[3] siendo más favorables en la región que en otros países. El caso de la Argentina en particular no escapa a esta tendencia. Indicadores tales como la tasa de crecimiento económico anual, el descenso de las tasas de desempleo a un dígito y la disminución de la pobreza y la desigualdad apoyan esta posición.
Hasta aquí, es indudable el papel del estado en la toma de decisiones que posibilitaron transitar el proceso en determinadas condiciones. En el plano internacional, si tomáramos el caso de China, su crecimiento económico basado en exportaciones, que logró sacar de la pobreza a cientos de millones de personas, se basó en una política de apertura económica moderada.
Pero entonces, el eje parece correrse del debate original para centrarse en el papel del estado como articulador de las distintas políticas públicas que permitan sostener adecuados niveles de bienestar social. Y para pasar del enfoque de la producción al del bienestar es preciso entender la insuficiencia del PIB para evaluar el impacto de la globalización y centrarse más en los niveles de ingreso y consumo. La visión alternativa[4] al enfoque tradicional, introducida por Amable, integra las instituciones al análisis económico siendo el mercado de trabajo el principal mecanismo de transmisión de los impactos sociales de la globalización.
Desde el punto de vista del Pacto Mundial para el Empleo, es necesario un crecimiento sólido, sostenible y equilibrado, pero con una resuelta creación de empleos, como la única vía sensata para la sustentabilidad de un país. Deben priorizarse los programas gubernamentales en favor del empleo y la protección social, frente a aquéllos cuya componente de producción y empleo es limitada. Debe insistirse en la necesidad de programas bien definidos que estimulen la inversión y el crecimiento basado en el ingreso, lo que, a su vez, contribuiría a la recuperación de los ingresos perdidos del Estado y a ampliar el espacio fiscal. Esto permitiría una reducción ordenada de los déficits y la deuda en un plazo más breve.
Pero más aún el concepto de bienestar es de carácter pluridimensional y no subyace a un aspecto en particular, sino a un conjunto de factores tales como las condiciones de vida materiales, la salud, la educación, las actividades personales, y dentro de ellas el trabajo, la participación en la vida política y la gobernanza, los lazos y relaciones sociales, el medio ambiente (estado presente y porvenir) y la inseguridad, tanto económica como física.
Habida cuenta de todo esto, entonces, el papel del estado es más crucial aún por la importancia que indicadores estadísticos alimentados por el mismo estado tienen en la formulación y evaluación de dichas políticas. Lo que se mide tiene incidencia en lo que se hace, señala Stiglitz, si las mediciones son defectuosas, las decisiones pueden ser inadaptadas[5] y ampliar profundamente la brecha con la percepción social.
Resulta esencial comprender cómo las evoluciones en un ámbito de la calidad de vida afectan los otros ámbitos y cómo las evoluciones de estos diferentes ámbitos se encuentran vinculadas a los ingresos. Es necesaria una agenda social de la globalización centrada en las demandas individuales, de la mano de reglas justas para una economía global que ofrezca a todos los países igualdad de oportunidades y de acceso, así como el reconocimiento de las diferencias en cuanto a las capacidades y necesidades de desarrollo de cada país.
En el año 2004, el informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización “Por una globalización más justa. Crear oportunidades para todos” señalaba en su prefacio: Como seres humanos, de nosotros depende que tomemos la senda correcta, que haría que este mundo fuera un lugar más seguro, justo, ético, integrador y próspero para la mayoría, y no sólo para unos pocos, tanto dentro de los países como entre los países.
Pareciera ser entonces que el debate sobre los efectos de la globalización ya no pasa tanto por saber quiénes ganan y quiénes pierden en el proceso, sino por determinar cuán hábil es el estado articulando sus políticas públicas para paliar los efectos negativos de la globalización.
En este contexto es imprescindible que el estado persevere en la búsqueda y el perfeccionamiento de las mediciones estadísticas, como la única manera de aplicar políticas de alcance social justas y éticas, que reflejen la realidad e incidan positivamente en la percepción de las personas en el futuro.
[1] Keifman, S. “Algunos elementos para el análisis de la dimensión social de la globalización” en Informe Nacional sobre el Impacto Social de la Globalización, MTESS. Cap.1, 2009.
[2] Ocampo, J. A. “La macroeconomía de la bonanza económica latinoamericana,” Revista de la CEPAL 93, 2007.
[3] Banco Mundial, “Perspectivas para la Economía Mundial: Crisis, Finanzas y Crecimiento”, 2010.
[4] Amable, B. “Les cinq capitalismes. Diversité des systems économiques et sociaux dans la mondialisation”, 2005.
[5] Stiglitz, J.E.; Sen, A.; Fitoussi, J.P.“Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress”, 2008.
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